La salud, nuestro mejor bien, nos hace a todos y a todas iguales, tanto cuando la tenemos como cuando la perdemos por el padecimiento de cualquier enfermedad. De ahí que la sanidad pública sea uno de los mejores instrumentos que tenemos al servicio de la justicia social, puesto que nadie le mira la nómina o la cartera al que entra por la puerta de un hospital o de un centro de salud.
Con esa idea nació en 1986 la Ley General de Sanidad, impulsada por el ministro de Sanidad Ernest Lluch durante el primer gobierno de Felipe González. Aquella ley sentó las bases de uno de los pilares del Estado de Bienestar más apreciados por la ciudadanía española, dignificó nuestro país e introdujo uno de los grandes hitos de nuestra recién estrenada democracia: la universalidad de la asistencia sanitaria para todos los españoles.
Estas semanas se me ha venido a la cabeza todo lo que supuso esa ley, el avance que experimentó España en términos de derechos y conquistas sociales y cuánto echamos de menos su aplicación en esos mismos términos en Andalucía, donde nunca antes nos habíamos sentido tan huérfanos y desprotegidos. De facto, el Gobierno de Moreno Bonilla ha procedido a la eliminación del derecho de la ciudadanía a ese acceso universal a la sanidad que promulga la ley. Y lo ha hecho utilizando un método análogo al del síndrome de la rana hervida: lentamente, pero de forma progresiva, de tal manera que el daño ocasionado solo ha podido ser percibido cuando ya es demasiado tarde.
La falta de previsión y de reacción, una vez que el problema era evidente, deja en muy mal lugar al presidente andaluz y también a todos los que en este momento, lejos de reconocer el problema que tiene la sanidad pública andaluza, se desviven por justificar el colapso al que ha llegado. El deterioro de la atención primaria, a estas alturas, es de tal magnitud que nada ni nadie puede discutírselo al que persiste, frente a todas las adversidades, en sacar cita para su médico o la pediatra de sus hijos sin conseguirlo.
La percepción general es la de que el sistema está sumido en el caos, lo que está provocando una enorme frustración entre quienes nunca habrían imaginado una situación como la que estamos viviendo. Los profesionales sanitarios –sobrepasados por la carga de trabajo y la falta de descanso– son, junto a los pacientes, las grandes víctimas del Gobierno andaluz, que se ha mostrado incapaz de resolver el problema que ha generado y del que solo puede salir si escucha el clamor de una calle que no se resigna, que no tolera, que peleará por que le devuelvan aquel derecho conquistado hace ahora 36 años.
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