Los datos no admiten dudas: de los 316.134 trabajadores afiliados a la Seguridad Social en Almería, 71.605 son extranjeros. 54.474 de países fuera de la Unión Europea y 17.131 de países comunitarios. Las nacionalidades más numerosas son Marruecos, con 29.490 afiliados, seguido de Rumanía, con 11.935, y Senegal. con 3.847. Por si alguien duda de la importancia cuantitativa de la mano de obra extranjera en la provincia, solo habría que añadir que de los 24.525 contratos que se formalizaron en el mes de enero, algo más de 9.500 fueron firmados por trabajadores de otros países.
La lectura de estos datos puede resultar tediosa y su frialdad numérica ocultar la importancia que la mano de obra extrajera tiene en la estructura laboral de la economía almeriense. Casi 1 de cada 4 trabajadores dados de alta en la Seguridad Social son inmigrantes (y eso sin tener en cuenta los miles de hombres y mujeres que trabajan de forma ilegal, una realidad que nadie niega en la provincia).
Hasta aquí los datos. Vayamos ahora con algunas de las conclusiones que pueden extraerse de su aritmética.
La primera observación que es preciso hacer constata la aportación de esa mano de obra extranjera al crecimiento de la economía almeriense en los últimos años. Frente al populismo de la extrema derecha que pretende reducir esta realidad a un gueto que solo causa problemas y frente al buenismo de una extrema izquierda que defiende sustentar en la inmigración la razón casi primera y única del espectacular crecimiento del sector alimentario almeriense, es precisó mantener, no una equidistancia entre las dos posiciones- la equidistancia solo existe en la geografía: quien la ejerce siempre está al lado de una de las partes- , sino buscar un criterio basado en la ecuanimidad valorativa.
Almería no ha alcanzado los niveles de prosperidad por la mano de obra inmigrante, pero tampoco hubiéramos alcanzado ese crecimiento sin su aportación. Esta es la realidad de una provincia que ha pasado en apenas 60 años de ser un territorio que empujado por la miseria exportaba a decenas de miles de hombres y mujeres en busca de trabajo, a ser una tierra receptora de decenas de miles de hombres y mujeres que buscan entre nosotros la prosperidad que no encuentran en sus países de origen. Conviene tener en cuenta esta circunstancia social y económica cuando nos acercamos al complejo tema de la inmigración.
Y que nadie sople las trompetas apocalípticas de que los inmigrantes quitan el trabajo a los autóctonos. Las 57.159 personas inscritas como demandantes de empleo a fecha de 31 de enero (de los que 11.876 son extranjeras) no tienen acceso al mercado de trabajo por distintas circunstancias entre las que no se puede enfatizar como única o principal, como hacen los profesionales de la demagogia, que los inmigrantes les hayan usurpado esa posibilidad. La realidad es que la mano de obra extranjera trabaja en sectores que no resultan atractivos, por cualquier razón, a los autóctonos.
A los almerienses parados en el poniente o en el levante no les han robado el puesto de trabajo ni los marroquíes ni los ecuatorianos. Ellos tendrán sus razones para no trabajar bajo el plástico de los invernaderos o sobre la tierra en la que se cultivan las lechugas, pero la razón de su desempleo no son los inmigrantes. Entre los almerienses hay muchos que no trabajan porque no pueden, pero también los hay -y muchos- porque no quieren o porque les resulta más cómodo o rentable cobrar el desempleo y, en no pocos casos, compatibilizarlo con el guadiana no menor del rio de la economía sumergida.
Llegados a este punto sería deseable que cuando miremos a un trabajador extranjero ocupado en la agricultura, los servicios, la asistencia o en el cuidado ancianos, no deberíamos olvidar nunca- nunca- que lo que ellos experimentan ahora fue lo que nosotros experimentamos hace décadas. Quien tenga dudas que mire a su alrededor y verá sin dificultad cómo en su entorno más cercano hubo algún familiar o conocido que también se vio obligado a abandonar esta tierra para buscar extramuros de su cultura, su geografía o sus emociones el trabajo con el que mantener a su familia. Conviene no olvidarlo porque, si perdemos el recuerdo de lo que fuimos, cometeremos el error de percibir la perspectiva del presente y del futuro desde la obscena desmemoria de los nuevos ricos.
Pero a la par que hay que valorar la importancia de la mano de obra en nuestra estructura de empleo, también es preciso poner en valor (y muy pocos lo hacen; a veces todo lo contrario desde determinados medios de comunicación y partidos políticos y sindicatos minoritarios) que la avalancha migratoria no ha provocado, salvo los lamentables incidentes del año 2000, situaciones indeseables de calado insoportable como los ocurridos en aquellos días de furia irracional alentada por el delirio destructor del miedo y el odio. Al contrario. Lo que hay que valorar es cómo, en una provincia con déficit históricos estructurales en áreas tan importante para la convivencia como la sanidad o la educación, la llegada en continuas oleadas de miles de inmigrantes no haya roto la playa de la paz social, sino que, muy al contrario, ha desvelado la capacidad integradora de los almerienses. Siempre habrá insoportables racistas de guardia y estúpidos con balcones a la calle; los ha habido, los hay y los habrá. Pero esa minoría minoritaria no puede oscurecer en modo alguno que cuando alguien proveniente de un país extranjero ha llegado hasta las puertas de nuestros centros de salud y hospitales públicos nunca se le ha preguntado de qué país venía, sino cuál era su dolencia. Igualmente, a los niños que han llegado a la puerta de cualquier centro escolar de la provincia, la mano que les ha recibido nunca ha sido para impedirles entrar, sino para acompañarlos cálidamente hacia un pupitre en un aula en la que la crueldad de la discriminación nunca ha existido.
Conviene tener en cuenta estas circunstancias, sobre todo cuando algunos medios de comunicación o algunos colectivos antisistema intenta agredir a los almerienses situándolos en la trinchera de la obscenidad racista.
Pero esta realidad que solo la discuten estos francotiradores expertos en disparar las balas de la mentira, no puede ocultar que queda mucho, mucho tramo por recorrer para llegar a la erradicación total de situaciones tan censurables como la existencia de poblados tercermundistas donde viven hacinados miles de inmigrantes en algunas partes de nuestra geografía provincial. Es preciso actuar con urgencia para que los asentamientos ilegales dejen de existir y quienes en ellos malviven puedan encontrar, no solo un trabajo digno y con todas las garantías de legalidad laboral, sino también un techo bajo el que cobijarse en condiciones dignas.
Administraciones, empresarios, sindicatos y los propios afectados (sí, también ellos asumiendo costes habitacionales razonables) deben aprestarse con urgencia al desarrollo de un plan de actuación que acabe con una situación tan inhumana. Por decencia ética y porque, como cantaba Pablo Milanés, “la vida no vale nada si no es para perecer porque otros puedan tener lo que uno disfruta y ama”. Yo no pido a la gente que llegue a perecer en esa batalla, pero sí que luche porque la situación cambie y que lo haga por solidaridad y, para aquellos canallas que no sean capaces de ser sensibles al malestar ajeno, al menos que lo hagan por egoísmo. Porque bajo la intencionada invisibilidad de cualquier situación de injusticia compartida se fragua la estructura de una bomba dispuesta a estallar. Y los asentamientos como algunas zonas en barrios de la capital o de la provincia son polvorines de altísimo riesgo para todos. Para todos. También para los que creen que a ellos no les llegará la onda expansiva.
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