Desde mucho antes de que Almería tomara ese nombre la lucha ha sido siempre la misma, buscar agua para hacer posible la vida en un territorio duro, escaso de recursos y castigado por el sol y las sequías sucesivas. Hoy, muchos siglos después, esa batalla sigue siendo el principal caballo de batalla, sobre todo después de que, contra todo pronóstico, la provincia haya hecho valer su vocación agrícola, demasiado lejos de los grandes centros industriales, del capital y de los no menos grandes centros de decisión política como para permitirse otros modelos.
Sin embargo en los últimos años se están produciendo movimientos que apuntan a un intento, al menos eso, de ordenar un recurso absolutamente vital para la provincia y avanzar hacia un objetivo siempre perseguido y jamás conseguido como es enjugar un déficit hídrico que amenaza al futuro y agota los exhaustos acuíferos subterráneos, sustento principal del llamado ‘milagro almeriense’.
En los últimos compases del año 2021 se han ido dando a conocer diferentes planes, unos desde el Gobierno Central, otros desde la Junta de Andalucía, que plantean la búsqueda de soluciones para cubrir un déficit hídrico que se calcula por encima de los 200 hectómetros cúbicos anuales. Unos planes que se aceleran a la vista de que los efectos del cambio climático, hasta hace unos años despreciados, ya están ahí, con episodios cada vez más evidentes de sequías como las del presente Año Hidrológico, que arrastra una casi absoluta ausencia de lluvias durante el pasado otoño y lo que llevamos de invierno.
El primero en anunciar inversiones fue el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, que ha puesto sobre la mesa un plan cifrado en algo más de 200 millones de euros para la restauración de la desaladora del Bajo Almanzora (Villaricos), destruida hace 10 años por una riada y sin reparar desde entonces, y la mejora y ampliación de las del Campo de Dalías y Carboneras; en total unos 60 hectómetros cúbicos de agua desalada.
Añade a ese plan la depuración de aguas, y
posterior tratamiento para su reutilización en la agricultura, de las
depuradoras de Adra, Roquetas de
Mar y El Ejido, con otro aporte adicional de al menos 40
hectómetros cúbicos. El ‘añadido’ importante son las inversiones previstas para
dotar de energía renovable a todas las desaladoras citadas, en un afán por
reducir no solo su huella de carbono, sino el coste final del agua que, desde
la fuerte subida del recibo de la luz, presiona los precios del metro cúbico a
un alza que amenaza con ser inasumible por la agricultura.
Mientras tanto la Junta de Andalucía sigue adelante con su plan para aprobar un nuevo Plan Hidrológico que ambiciona alcanzar el buen estado de las masas de agua de la provincia. Complicado, sin duda, porque en el momento actual el mapa de aguas subterráneas en riesgo alcanza la práctica totalidad del territorio. Los estudios previos señalan que están en mal o muy mal estado los sistemas de Cubeta de El Saltador, Sierra de las Estancias, Alto-Medio Almanzora, Cubeta de Overa, Cubeta de Ballabona-Sierra Lisbona-Río Antas, Bajo Almanzora, Bédar-Alcornia, Río Aguas, Campo de Tabernas, Cuenca del Río Nacimiento, Campo de Níjar, Medio y Bajo Andarax, Campo de Dalías-Sierra de Gádor y Delta del Adra.
El Plan Hidrológico desarrollado por la Dirección General de Aguas de la Junta ya prevé, de hecho, que cinco de esos sistemas no lleguen a tiempo para ese año 2027 fijado como meta para el cumplimiento de los objetivos, lo que obligará a pedir prórrogas a la Unión Europea, que exige el cumplimiento de los objetivos propuestos para esa fecha. Son los de Cubeta de El Saltador, Río Aguas, Campo de Níjar, Medio-Bajo Andarax y Campo de Dalías-Sierra de Gádor.
Hay una cuestión, aún por resolver, que obliga a dudar sobre la eficacia de unas medidas de esa magnitud y es que en todas las actuaciones acometidas en los últimos años se han planteado sistemáticamente medidas encaminadas a reducir el déficit hídrico, pero como han repetido con frecuencia organizaciones como el Grupo Ecologista Mediterráneo, no se ha prestado la misma atención al control de la demanda, verdadero caballo de batalla para tratar de poner orden en la gestión de los recursos hídricos.
Cada solución aplicada, desde la aprobación de los trasvases desde otras cuencas como las del Guadalquivir o el Tajo Segura, la puesta en funcionamiento de plantas desaladoras o los planes de reutilización de aguas residuales, se han traducido en nuevos incrementos de superficies de regadío, lo que ha evitado que se acometa el problema de fondo, el fuerte déficit hídrico acumulado o el deterioro de los acuíferos subterráneos, agotados y sobreexplotados en extremo.
El Plan Hidrológico para el periodo
2022-2027 recoge en total unas inversiones para la Demarcación Hidrográfica de
las Cuencas Mediterráneas Andaluzas, que abarca las provincias de Almería, Granada, Málaga y Cádiz,
lleva aparejada una fuerte inversión, cifrada inicialmente en 2.443 millones de
euros de los que la Junta aportaría 1.239, el Gobierno central 1.119,6, la
administración local 49,6 millones y los usuarios algo más de 30 millones de
euros. Los resultados a primera vista señalan que las medidas de ahorro
propuestas permitirían reducir el consumo actual, de algo más de 506
hectómetros cúbicos, hasta los 488 dentro de cinco años, una reducción que se
sustenta básicamente en la agricultura, que pasaría de consumir 417 hectómetros
a una cifra de 396, casi 20 hectómetros cúbicos menos.
En cualquier caso parece haber coincidencia en que, para que ese plan de recuperación funcione, es preciso evitar en la medida de lo posible que la superficie de cultivos en regadío se siga incrementando, algo en lo que están de acuerdo tanto la Dirección General de Aguas como los propios regantes y los analistas del modelo agrícola almeriense, además de los colectivos ecologistas y otras organizaciones. Como es habitual, se trata ahora de comprobar quién la pone el cascabel al gato, porque restringir los regadíos puede ser impopular y la presión sobre las administraciones es elevada y no parece que esa política esté entre sus prioridades de actuación, al menos hasta el momento.
Algunas comunidades de regantes ya han definido sus propios proyectos para la recuperación de sus masas de agua. Es el caso de la Junta Central de Usuarios de Acuíferos del Poniente Almeriense, que diseñó y puso en marcha un plan para la recuperación de los acuíferos del Campo de Dalías, basado en dejar de extraer en torno a 50 hectómetros cúbicos de agua al año para permitir su recuperación.
Para ello apuestan por el uso de las aguas procedentes de las desaladoras, la reutilización de las aguas residuales depuradas y tratadas para permitir su uso en los regadíos en invernaderos, e incluso la opción, a futuro, de recibir un trasvase desde la presa de Rules, en la comarca de Motril, hasta ahora excedentaria de recursos.
Uno de los problemas a resolver, tanto en la producción de agua desalada como en la extracción de recursos de pozos de cientos de metros de profundidad, es el alza imparable de los precios de la electricidad. Según advirtió la Mesa del Agua de Almería, ese encarecimiento de la factura eléctrica amenaza con llevar el agua desalada por encima del euro y medio por metro cúbico, un alto precio que compromete la rentabilidad de muchos agricultores a lo largo y ancho de la provincia. La única solución es el recurso a las energías renovables (tanto la solar como la eólica, entre otras) para reducir ese coste y poder seguir abasteciéndose de esa agua.
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