De nuevo la Comisión Europea corrige a nuestros políticos ante un
nuevo delito ecológico. De nuevo los ecologistas vuelven a interpretar las
leyes mejor que los dirigentes. De nuevo todo llega tarde y nadie se hará
responsable de la destrucción de un ecosistema único en el mundo. Esta vez ha sido por la
descatalogación parcial, por parte de la Junta de Andalucía, de 75 ha en el LIC
Artos de El Ejido incluido en la Red Natura 2000.
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| Arto a los pies de la Sierra de Gádor / Moisés Palmero |
Es un proceso que viene de largo. En el año 2000 unos
agricultores, ante la propuesta por parte de la Junta de incluir las artineras
en la Red Natura, arrasaron con los arbustos protegidos que ponían en peligro la
construcción de invernaderos. El Ayuntamiento de El Ejido con su exalcalde a la
cabeza, el juzgado y a la espera de sentencia por el robo sistemático de las
arcas municipales, Juan Enciso, apoyó estos movimientos de tierras que
Ecologistas En Acción denunció en 2002. Algunos agricultores agraviados por la
protección ambiental que le impedía construir más infraestructuras, recurrieron el Plan de Ordenación Urbana de
El Ejido, y el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía les dio la razón en
2008 al declarar que esas fincas eran superficie agrícolas de regadío.
12 años después, en octubre de 2020, la Junta, con un nuevo
gobierno y otra visión sobre los espacios naturales protegidos, publicó y
aprobó la orden de la descatalogación parcial en base a esta sentencia, y los
ecologistas lo volvieron a denunciar, y la Comisión Europea, cuatro meses
después, le recordó al gobierno autonómico en un informe, que no tiene
autoridad para ordenar su descatalogación.
El proceso sigue en marcha a la espera de que el TSJA corrobore la
primera sentencia, pero la Junta ya ha
sido llamada al orden por haberse extralimitado. Así que si el TSJA ratificase
al magistrado, Rafael Puya, que dictó la sentencia en 2008, la justicia europea
caería contra nosotros. Algo que los grupos ecologistas tuvieron claro desde un
principio y que si nuestros políticos y magistrados no se dejasen llevar por
otros intereses diferentes al bien común, también lo habrían tenido.
Mientras todo se dirime, el ecosistema ya fue arrasado, y nadie se hará
responsable de ello. Un sistema lento e ineficaz que hace justicia tarde y
donde deja al descubierto la impunidad y la poca vergüenza con la que algunos
se manejan.
Pero lo peor de todo es que de los errores no aprenden porque se
ha presentado el proyecto de la construcción de un carril bici, por parte de la
D. T. de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio en Almería, para
unir El Ejido y Roquetas de Mar, y que pasa parcialmente por el Espacio
Protegido Punta Entinas Sabinar.
El proyecto no es definitivo. Esta semana se ha acabado el plazo
para presentar las alegaciones a la solicitud a la D. T. de Desarrollo
Sostenible para la concesión de ocupación del Dominio Público Marítimo
Terrestre, y confiamos en que no se autorice, porque el proyecto presentado es
un despropósito en toda regla y tiene claros síntomas de ser un corta y pega de
un trabajo que comenzaron en el 2015.
Se basan en una solicitud que se hizo en esa época al Servicio
Provincial de Costas en Almería, perteneciente a la entonces C. de Medio
Ambiente y Ordenación del Territorio, y que esta respondió haciendo algunas
correcciones y aclarando que la atención al DPMT y sus servidumbres,
correspondía al Servicio Provincial de Costas del Ministerio de Agricultura, Alimentación
y Medio Ambiente como titular de dicho patrimonio.
Informe que no se pidió, como no se ha hecho la Evaluación de
Impacto Ambiental necesaria, con el Informe de Afección a la Red Natura 2000
incluido por ser un espacio
hiperprotegido a nivel autonómico y europeo. De haberse hecho en la actualidad,
se habrían dado cuenta que las condiciones ambientales en estos siete años han
cambiado mucho y que las decisiones técnicas planteadas , además de no
propiciar soluciones efectivas a la subida del nivel del agua de los Charcones
de Entinas, pueden causar daños irreparables al ecosistema.
Esperemos que luego no culpabilicen a los ecologistas de que se
van a desperdiciar 2,5 millones de euros aprobados para el proyecto, porque lo
único que están pidiendo estos es que los políticos y técnicos de las
administraciones cumplan las leyes establecidas y no se las salten cuando les
venga en gana.
Todos estamos deseando que el sendero GR92 E10 se arregle, porque ayudaría a controlar muchos de los problemas que hay en la actualidad en el Espacio Protegido, pero no de cualquier manera, no saltándose las normas, no destruyendo ecosistemas únicos para construir una infraestructura que quedará inservible en unos años. Quien avisa no es un traidor.
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