Las consecuencias de la invasión de Ucrania están debilitando todas las economías del mundo y obligando a los gobiernos a tomar medidas para atenuarlas. Si hay un ejecutivo en Europa que está liderando acciones reales y concretas ese el de Pedro Sánchez que, la pasada semana, demostraba su liderazgo tras la reunión del Consejo de Europa cuando consiguió para España la puesta en marcha de un potente plan de choque que, por encima de cualquier consideración, pretende proteger a familias y empresas ante el desafío al que nos somete la guerra.
El plan, aprobado este martes en el Consejo de Ministros, marca un hito histórico y está dotado de un conjunto de medidas que servirán para proteger a los sectores más afectados por esta crisis y para preservar al máximo la senda del crecimiento y creación de empleo en la que nos encontrábamos antes de la invasión de Ucrania. Se van a movilizar 16.000 millones de euros con 6.000 de ellos en ayudas directas y rebajas de impuestos y 10.000 en créditos para las empresas.
El mejor aliado de las familias españolas es el Gobierno de España que ha dado la cara implantando medidas tan beneficiosas como la bonificación de 20 céntimos en cada litro de combustible, la protección del empleo para evitar el despido, estableciendo límites a la revisión al alza de los alquileres, aumentando el ingreso mínimo vital, aumentando los beneficiarios del bono social, estableciendo una rebaja impositiva en el recibo de la luz hasta el 30 de junio y ofreciendo apoyo económico a todas las comunidades para la acogida de refugiados de Ucrania.
El Gobierno de España protege, igualmente, al tejido empresarial para que siga generando riqueza y empleo a la vez que salva a muchas empresas del cierre por los altos costes de producción incluyendo, además, otro importante paquete de medidas cuantificadas en más de 400 millones para agricultores, ganaderos y pescadores.
Las medidas en materia de transporte incluyen la inyección de 1.000 millones de euros en ayudas directas para el sector, con una rebaja en el combustible, además del compromiso de una regulación para los transportistas para que estos trabajen con precios justos, al igual que se hizo con el sector agrícola a través de la Ley de Cadena Alimentaria. Es el momento de que rememos todos en el mismo sentido, por lo que no hay excusa posible para seguir alimentando una polémica que está agotada.
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