El sacrificio que vienen haciendo las
familias y la clase media trabajadora en estas circunstancias tan excepcionales
en las que nos ha tocado vivir, como consecuencia de la pandemia y de las
derivadas de la guerra de Putin en Ucrania, tiene que ser compartido por quien está obteniendo extraordinarios
beneficios en medio de esta tormenta inflacionista que cada día
toca a la puerta de la mayoría de los hogares españoles.
Con esa idea de que quien más puede contribuya al interés general, el Gobierno de España ha previsto recaudar cerca de 7.000 millones de euros en dos años mediante la imposición de dos impuestos temporales a las grandes eléctricas y a la banca, de manera que la justicia social y la fiscal vayan de la mano.
Los bancos españoles, a los que tanto se
ayudó en el pasado, tienen una deuda con la sociedad española y es de justicia
que, en un momento en el que pintan bastos para la mayoría de las economías
domésticas, contribuyan de forma solidaria y equitativa en el reparto de los
costes de la crisis, sobre todo si tenemos en cuenta que los bancos repartieron
3.500 millones de euros de dividendos en el primer trimestre del año y
que este nuevo impuesto recaudará
anualmente unos 1.500 millones.
En cualquier caso, y ante la tentación de que tanto las eléctricas como los bancos pretendan repercutir estos impuestos a los usuarios, el Gobierno ya ha previsto poner un cortafuegos a esa idea que algunos ya mascullaban. Para ello, los socialistas, junto a los socios del Gobierno, hemos registrado en el Congreso de los Diputados una proposición de ley que, en la práctica, prohibirá que se cometa lo que, a nuestro juicio, sería un abuso inaceptable por parte de estas grandes empresas.
Ni ha sido fácil la salida de la crisis
provocada por la pandemia, de la que aún no nos hemos recuperado del todo, ni
va a ser fácil salir de la ocasionada por la guerra, pero lo que sí es evidente
es que el Gobierno de Pedro
Sánchez está haciendo todo lo posible para que no ocurra lo mismo que cuando
gobernaba el Partido Popular. Entonces nuestro país pagó una
factura tan alta como injusta: más paro –a lo que contribuyó una indecente
reforma laboral–, incrementos irrisorios de las pensiones y del salario mínimo,
subida de impuestos a la clase media trabajadora y recortes de los servicios
públicos.
Frente a la oposición de la derecha, a su negativa a que la banca y las eléctricas paguen también la factura de esta crisis con una parte de sus beneficios, los socialistas vamos a seguir la hoja de ruta que nos hemos marcado, que no es otra que proteger a la mayoría social para que España siga avanzando sin que nadie se quede atrás.
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