Las manifestaciones de este fin de semana en defensa de la sanidad pública han coincidido en el tiempo con el rechazo del Partido Popular en el Parlamento andaluz a retirar la orden de conciertos sanitarios impuesta por Moreno Bonilla, que abre la puerta por primera vez en Andalucía a la privatización de la atención primaria, sin contar con sindicatos, organizaciones profesionales, asociaciones de pacientes y ciudadanía en general.
De esta manera, el Gobierno andaluz permitirá que las clínicas privadas puedan usar los centros públicos para hacer pruebas e intervenciones quirúrgicas y que, de la misma manera, puedan acceder a datos clínicos personales, entre otras muchas cuestiones que aparecen en el catálogo de concesiones que ha puesto en marcha el Partido Popular con su mayoría absoluta o, dicho de otro modo, con su soberbia absoluta.
La situación de la atención primaria no solo preocupa a los usuarios, que están viviendo en primera persona el deterioro que está sufriendo el sistema a pasos agigantados, sino también a los profesionales a los que se les ofrecen contratos indignos que, en muchos casos, terminan rechazando al encontrar mejores condiciones laborales en otras comunidades autónomas o fuera de España.
La solución, por lo tanto, no pasa por regar a la sanidad privada de millones de euros procedentes de las arcas públicas como está haciendo el Gobierno andaluz, sino por robustecer el sistema sanitario con profesionales mejor pagados y plantillas dimensionadas a las necesidades que tienen la atención primaria y la atención hospitalaria, donde las esperas están ocasionando una enorme desesperación a los pacientes.
Resulta llamativo que ante las movilizaciones que se han planteado para llamar la atención de lo que está ocurriendo, el Gobierno de Moreno Bonilla argumente que se está invirtiendo más dinero que nunca en la sanidad. Entonces, ¿cómo es posible que esté peor que nunca? Pues muy sencillo, el Ejecutivo andaluz ha estado derivando dinero a la privada durante dos años -a dedo, sin control ni fiscalización ni concierto-, acogiéndose para ello a un Real Decreto ley por la pandemia ya derogado.
Por lo tanto, sobran los motivos para que la gente se movilice en Andalucía en defensa de un sistema sanitario público que el PP está desvalijando sin remordimientos, desatendiendo la puerta de entrada a la sanidad con el destrozo de la atención primaria; infravalorando la alarmante necesidad de reforzar los recursos en salud mental, cuya estructura es raquítica en nuestra provincia, o permitiendo que las listas de espera para las especialidades sean absolutamente inaceptables.
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