El director de La Voz de Almería, Pedro Manuel de la Cruz, ha escrito un contundente artículo sobre la resolución judicial del Caso Poniente, en el que critica las lamentables consecuencias de la lentitud de la justicia.
Líbreme la diosa romana de la Iustitia traspasar el umbral de la duda sobre la solvencia de los argumentos penales en los que se ha sustanciado la sentencia del Caso Poniente. Doctores tiene la iglesia y magistrados de contrastada capacidad y conocimiento la sala tercera de la Audiencia Provincial para adoptar la decisión que han tomado por unanimidad. La sentencia llegará previsiblemente al Supremo y será el alto tribunal el que ponga el punto y final a un caso que sólo puede provocar la indignación por el robo perpetrado -58 millones de euros-, el asco por el comportamiento de quienes lo llevaron a cabo y la decepción por cómo se ha desarrollado el procedimiento judicial durante los catorce años que ha durado, hasta ahora, el proceso seguido contra un entramado mafioso que saqueó con impúdica obscenidad los fondos públicos del Ayuntamiento de El Ejido o, dicho sin recurrir al lenguaje institucional, robó 58 millones de euros a todos los ejidenses.
La inmoralidad delictiva de todos los que se enriquecieron (unos bastante más y otros bastante menos) por su pertenencia a la trama que perpetró el saqueo está tan acreditada en la sentencia que resulta innecesaria la reiteración en la repulsa - el asco; quizá mejor- que provocan los ya condenados. La indignidad y el despreció los acompañará sin posibilidad de remisión alguna.
Pocas veces la comisión de un delito tan caro ha tenido un coste tan barato
Pero si la prudencia del desconocimiento jurídico obliga a no discutir los fundamentos de la sentencia, la lógica del sentido común sí impone preguntarse por qué, ante unos hechos tan graves -el robo de 58 millones de dinero público- se ha resuelto penalmente con un saldo tan favorable a los que lo cometieron. Pocas veces la comisión de un delito tan caro ha tenido un coste tan barato.
Las razones de este saldo tan contradictorio las encuentran algunos expertos en técnica jurídica en el irresponsable error -irresponsable porque nadie exigirá responsabilidades a quienes lo tuvieron- de no haber planteado con pulcritud judicial la investigación de los delitos de fraude fiscal presuntamente cometidos por los procesados. Un error difícilmente entendible en quienes están obligados por su cualificación profesional a no cometerlo. Eludir la interpelación a los encausados ignorando, por tanto, su derecho a defenderse es decisión sorprendente por inentendible. Los recorridos de un proceso judicial están tan reglados que un error de este calibre y con consecuencias tan elevadas en el tipo penal aplicable resulta, cuando menos, desalentador.
Como mueve al desaliento y al descrédito que, desde que fueron detenidos los ahora condenados hasta que la sentencia ha sido firmada, hayan tenido que pasar más de trece años, un periodo de tiempo que, por dilatado - y escandaloso, sostengo yo- ha acabado beneficiando a los juzgados rebajando sus condenas en varios años a cada uno por dilación indebida grave. Un error, otro, del que tampoco dimanan exigencia de responsabilidad alguna. Un error, el de la exasperante lentitud de la Justicia, más imputable a la carencia de medios humanos y técnicos que a la capacidad y al trabajo de quienes tienen la función, bien de investigar, como instructores, bien de sentenciar, como jueces y magistrados. La clase política, toda y sin excepciones, nunca, ni en la dictadura ni en la democracia han atendido las demandas que una correcta administración de justicia exigía y exige.
El Caso Poniente ha tardado más en su desarrollo -y todavía no ha terminado, quedan los recursos ante el Tribunal Supremo- que otros procesos más complejos como, por ejemplo, el de los atentados del 11M.
Sostenía Juan Enciso, a las pocas horas de conocer su condena a cinco años de prisión, que una Justicia que tarda trece años en llegar no es justicia. Lleva razón. Lo que calla -y está en su derecho de defenderse- es que tampoco es justa una legalidad en la que los errores de quienes la aplican o del propio sistema de administración de justicia se convierte en aliada (sin quererlo) de los delincuentes. Siete o cinco o cuatro años de cárcel tendrán siempre el perfil devastador de una aparente eternidad, pero nadie puede evitar la tentación de pensar que nunca (o casi nunca) robar tanto a tantos salió tan barato a Enciso, a Alemán, y la banda que los acompañó en el saqueo. Algunos de los condenados seguro que piensa que solo les ha faltado recibir un premio por haberlo hecho tan bien.
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