La llamada Operación DeLuxe se queda sin recorrido judicial por agotamiento. Había ciertos famosillos que tenían la esperanza de que, en una deseada resolución judicial, le cayeran del cielo algunos eurillos, y por eso han ocupado a sus abogados en presentar recurso tras recurso y las pruebas, casi inexistentes, de unos presuntos perjuicios que nunca nadie ha sabido cuantificar.
El comienzo
del asunto se remonta al año 2018, cuando se llega a saber que un policía nacional
proporcionaba a Gustavo González información de carácter confidencial que,
presuntamente, obtenía de la base de datos oficial. La Policía Judicial ha
estado meses enteros haciendo un seguimiento al policía para intentar acreditar si
recibía dádivas a cambio de la información que proporcionaba, pero no ha podido
probarse de ninguna de las formas. Sí se ha podido acreditar, en cambio, que la amistad entre el
paparazzi y el policía se mantiene desde muchos años atrás.
Cuando el Juzgado estaba a punto de darle carpetazo al caso, de nuevo se ha producido otra prórroga. El juez Marcelino Sexmero ha acordado prorrogar el plazo de instrucción hasta el mes de diciembre a pesar de que el propio magistrado considera agotada la investigación. ¿Razón? La abogada sevillana Carmen López Santana, exconcejal de Ciudadanos en Castilleja de la Cuesta, con residencia en Estados Unidos, ha pedido que se acepte su personación y autodefensa por vía telemática desde Chicago como posible perjudicada.
El nombre de esta persona no figura en el listado de 17 casos concretos detectados por la Unidad de Asuntos Internos de la Policía Nacional y plasmados con detalle en un informe de investigación de septiembre de 2020. Sin embargo, la exconcejal que en su día fue expulsada de Ciudadanos asegura que “ha sido conocedora de los hechos delictivos contra ella, cuya prueba de informe policial inicial es indubitativa, y tiene en trámite varias peticiones y recursos para la averiguación de pesquisas en su caso en el total de posibles implicados”.
Además de la imputación de Gustavo González, el juez Sexmero imputó también a redactores, colaboradores y directivos de La Fábrica de la Tele, productora de Sálvame, programa al que presuntamente González proporcionaba la información del policía. Todas las partes acusadas han pedido ya el archivo de la causa, pero la aparición en escena de esta abogada, exconcursante también de Gran Hermano, obliga a retrasar la resolución de un caso que parece que ya no da más de sí.
No hay comentarios:
Publicar un comentario