150 afectados almerienses por el Caso Grupo 21 han iniciado ya acciones judiciales por la situación de
insolvencia de esta promotora a la que adelantaron cantidades en metálico entre
10.000 y 60.000 euros desde hace años. Las demandas se presentarán no contra la
mercantil cordobesa que se encuentra en situación de insolvencia, según informe
de Axesor, sino contra cinco
entidades financieras a las que los demandantes pedirán compensación por no
ejercer labor de control y vigilancia sobre las cuentas abiertas por la
promotora. Las cinco entidades financieras a las que las que estos afectados
pedirán responsabilidades son Banco
Santander, Mediolanum, Caja Rural del Sur, CaixaBank y Olinda SAS.
Esta semana más de un centenar de damnificados se han vuelto a reunir en los sótanos de la Cámara de Comercio con abogados del despacho ‘El defensor de tu vivienda’ para iniciar la tramitación de las demandas y recibir la información necesaria en un proceso que se puede extender hasta dos años para poder recibir algún reembolso, si así lo estiman las autoridades judiciales. Las demandas se van a presentar en juzgados de Valencia, Santander, Móstoles, Sevilla y Almería.
Uno de los abogados que instruye este procedimiento que podría afectar a casi mil compradores de buena fe, Pablo Sevillano, estima que “va a ser un proceso arduo y difícil pero la razón está de parte de las familias que confiaron sus ahorros para comprarse una vivienda y los han estafado”.
Grupo 21 recogió dinero por viviendas vendidas sobre plano que sumarían una cantidad próxima a los veinte millones de euros, según los abogados que preparan las demandas. En principio y hasta donde se ha podido averiguar, los compradores no han recibido ningún seguro de caución ni aval por las cantidades entregadas a cuenta, a pesar de ser preceptivo por ley.
La normativa obliga desde 1968 a que las cantidades anticipadas para la adquisición de una casa se ingresen en cuentas especiales abiertas en entidades de crédito. Este dinero a cuenta solo se puede usar para actuaciones derivadas de la construcción de la promoción y los bancos deben exigir a la promotora documentos que acrediten la disposición de avales o seguros. Todo apunta, desde la posición que defiende el despacho de abogados, que algunas entidades no han tenido en cuenta estas cautelas o han sido engañados por la promotora al abrir un tipo de cuenta convencional, no especial.
La mayoría de solares se proyectaban sobre solares que ni siquiera eran propiedad de la promotora, sino que únicamente disponían de una opción de compra que no llegó a ejecutarse en la mayoría de los casos. Muchos de los compradores solicitaron el dinero adelantado a la empresa transcurridos dos meses como es preceptivo en el contrato, pero obtuvieron solo promesas de demora.
Según algunos de los clientes afectados, Grupo 21 no había conseguido siquiera las licencias necesarias para iniciar las promociones. Aparte de Almería, hay otras provincias con promociones afectadas como Murcia y Granada. La empresa tiene sede oficial en Córdoba con la denominación social de CJDE FAM 2016 y es una sociedad de responsabilidad limitada constituida en 2016 con 240.000 euros de capital social.
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