Quienes hemos tenido la fortuna de haber vivido la experiencia de
ver cómo nuestro país ha transitado desde una dictadura centralista a una
democracia de corte casi federal estamos acostumbrados a convivir con los predicadores
del apocalipsis. Columnas periodísticas del tipo “El fin del Estado” o “El
desguace del Estado” –ésta, publicada, recientemente, por Fermín Bocos- han
sido, y aún lo son, muy frecuentes en este casi medio siglo. Cada aprobación de
un estatuto de autonomía o cada transferencia de competencia a un territorio
del Estado se interpreta por estos voceros del apocalipsis como el fin de lo
que ellos consideran que alguna vez se llamó España y que ya hasta le han
desposeído de esa nominación.
El artículo de Emilio Ruiz se publica también en la edición de papel de La Voz de Almería |
En este espacio de tiempo formado por dos periodos de 23 años –uno, antes del comienzo del nuevo siglo, y otro, en este siglo- hemos visto cómo el Estado central ha ido cediendo a las comunidades autónomas cuestiones tan sensibles y de tanta trascendencia social como la educación, la sanidad, el orden público, tráfico, el medio ambiente, el urbanismo, las comunicaciones intracomunitarias, la asistencia social, le gestión penitenciaria, la agricultura… Hemos visto incluso cómo la gestión de tributos de gran importancia personal (Patrimonio, Sucesiones, Donaciones, Actos Jurídicos Documentados, Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas…) ha sido cedida, total o parcialmente, a las autonomías. ¡Y, válgame Dios, España no se ha roto! Ni se ha acabado el Estado ni ha sido desguazado.
Estos pregoneros tampoco han valorado la posibilidad de que el acuerdo con Junts no sea otra cosa que un canto de sirena que la formación catalana –inmersa en sus contradicciones- utiliza como una pantomima para presentarse ante sus parroquianos con un trofeo que, en realidad, carece de valor
Estos pregoneros del apocalipsis han situado ahora,
definitivamente y sin posibilidad de vuelta atrás, el culmen de sus pregones en
las consecuencias del acuerdo suscrito entre el Gobierno y Junts la semana
pasada, principalmente en lo referente a posibles transferencias de políticas
de migración a Cataluña. Desconocen estos agoreros que, en primer lugar, los
gobiernos autonómicos ya son responsables de ciertos aspectos relacionados con
la migración; en segundo lugar, que cualquier decisión que se adopte en este
sentido tiene que formalizarse mediante una ley orgánica, y en tercer lugar,
que la Constitución marca las pautas por las que se rige cualquier acuerdo
administrativo, y ningún Gobierno puede situarse, en sus actuaciones, al margen
de nuestra Carta Magna, ni tampoco al margen de la legislación comunitaria, muy
participativa en asuntos de migración. Estos pregoneros tampoco han valorado la
posibilidad de que el citado acuerdo no sea otra cosa que un canto de sirena
que la formación catalana –inmersa en sus contradicciones- utiliza como una
pantomima para presentarse ante sus parroquianos con un trofeo que, en
realidad, carece de valor.
Lo que no es lícito es asociar con el fin del mundo cada acto político que no nos agrade. Ni transmitir, desde los medios de comunicación, una situación catastrófica que es ajena por completo al momento real que vivimos. Ni crear el desánimo y el odio entre la población
Es lícito defender una alternancia política al Gobierno que nos hemos dado. De hecho, esa situación se producirá antes o después, porque la alternancia es la esencia de la democracia. Ya tenemos mucha experiencia en este sentido, incluso en Andalucía, donde se predicaba que era imposible –recordemos el machaque del voto cautivo- desplazar del asiento gubernamental al Partido Socialista. Lo que no es lícito es asociar con el fin del mundo cada acto político que no nos agrade. Ni transmitir, desde los medios de comunicación, una situación catastrófica que es ajena por completo al momento real que vivimos. Ni crear el desánimo y el odio entre la población. Ni hacer ver, en la persona que legítimamente hemos decidido que nos gobierne, a un ser malévolo que quiere destruir nuestra patria.
Me gustaría, en este contexto, hacer alguna referencia, aunque sea de pasada, al artículo publicado el domingo en La Voz de Almería por el abogado Juan Martín Fernández, titulado “A los 21 diputados del PSOE en el Congreso. ¿No os da vergüenza?”. En ese artículo se hacen acusaciones tan graves, dirigidas a 21 de nuestros representantes en el Congreso, como que son personas “servilistas” y “culivotantes”. De nuestro presidente del Gobierno dice que es un narcisista enfermizo. Y los catalanes –sin excepción, claro- nos tratan como chusma. Termina el señor Martín su artículo diciendo que “siento tanto asco de vuestra actuación que dejo de escribir para irme a vomitar”.
Está visto que hay quienes se amparan en la generosidad que nos ofrece el director de un medio para publicar artículos que son infumables e impropios de cualquier persona que no esté situada en una polarización política exacerbada. Nos da vergüenza, sí, señor Marín; vergüenza de ver cómo aún muchas personas exponen sus argumentos con las vísceras y no con el raciocinio. Vergüenza ajena.
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