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Al Defensor del Pueblo Andaluz se le acumula el trabajo en Almería

Simón Ruiz
Periodista

Los almerienses se quejan cada vez más al Defensor del Pueblo Andaluz (DPA). Lo revela el último informe de esta entidad correspondiente al año 2023 y que fija en 548 el número de expedientes iniciados y procedentes de esta provincia frente a los 439 de 2022.

Informa anual del Defensor del Pueblo / La Voz

En términos porcentuales se ha producido de un año a otro un incremento del 25 por ciento en el número de quejas ante el DPA – un total de 109 – desde la provincia de Almería. Se trata de un aumento considerable puesto que la media andaluza apenas llega al 12 por ciento. A nivel andaluz, en 2023 se llegaron a sumar unas 9.600 quejas, una cifra récord, que también se dio en Almería.

Del mismo modo, el informe presentado recientemente por la entidad que dirige Jesús Maeztu al presidente del Parlamento de Andalucía, Jesús Aguirre, determina que se ha producido un cambio en el patrón de las inquietudes de la sociedad almeriense. 

Así las cosas, los asuntos relacionados con la salud escalan hasta la primera posición, con 82 quejas en 2023 frente a las 50 del año anterior. Este fenómeno también se ha detectado en el conjunto de las ocho provincias andaluzas. 

El informe del Defensor del Pueblo Andaluz correspondiente a 2022 colocó en primer lugar de las quejas almerienses a las vinculadas con el personal de las administraciones públicas. Así, frente a las 68 reclamaciones desde Almería en ese año se ha bajado la cifra a 48. Este capítulo pasa ahora a ser el tercero en el ranking de esta provincia.

Del mismo modo, se observa que se ha producido, al igual que en el ámbito sanitario, un incremento en los expedientes iniciados en la oficina del DPA respecto a asuntos de extranjería, pasándose de 16 quejas en 2022 a 79 en extranjería en todo el territorio almeriense.

Tras las quejas en los apartados de salud, extranjería y personal del sector público, los almerienses también han elevado expedientes a este órgano extraparlamentario por cuestiones vinculadas con la educación (47 quejas), medio ambiente (38), servicios sociales (32), consumo (26), infancia y adolescencia (24), justicia (23), seguridad social (20), administraciones tributarias (18), urbanismo (17) y dependencia (16).

Precisamente sobre este último apartado también llama la atención que las quejas de los ciudadanos que residen en esta provincia casi se han duplicado en el último año, ya que frente a los 9 expedientes iniciados en 2022 ahora se han registrado hasta un total de 16.

Otras inquietudes elevadas por los almerienses a la Oficina del DPA tienen que ver con la vivienda, la movilidad, el trabajo y la gestión administrativa en general, según se especifica en el informe presentado ante el Parlamento de Andalucía. 

Al margen del detalle de las quejas presentadas desde la provincia de Almería, el Defensor alude de manera específica a situaciones de vulnerabilidad que se dan, por ejemplo, en el barrio capitalino de El Puche o a los “asentamientos chabolistas cronificados” en Níjar. 

En la presentación del informe de 2023, Jesús Maeztu pidió a la Administración una “verdadera política de cuidados” para los colectivos vulnerables y ha llamado la atención sobre la protección normativa y las políticas públicas singulares para las personas mayores.

Por otra parte, la Oficina de Información y Atención Ciudadana (OIAC) del Defensor del Pueblo andaluz se desplaza los próximos 3 y 4 de abril al Levante almeriense. El equipo del Defensor atenderá presencialmente a la ciudadanía ambos días en el centro de Servicios Sociales de Huércal-Overa.

En este desplazamiento la Oficina de Información del Defensor del Pueblo andaluz atenderá a los vecinos y vecinas de Antas, Bédar, Carboneras, Cuevas del Almanzora, Garrucha, Huércal-Overa, Los Gallardos, Lubrín, Mojácar, Pulpí, Sorbas, Turre y Vera. 

El objetivo de esta visita presencial es acercar los servicios de la institución con el fin de garantizar los derechos de la ciudadanía frente a la actuación de las administraciones públicas en vivienda, salud, educación, servicios sociales, etc.

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