El IVA de las sillas de ruedas

Asociación Española de Consumidores

Asescon

En momentos como los actuales de complicaciones económicas importantes para los consumidores, se están tomando diversas medidas de carácter fiscal que vienen a paliar los incrementos desorbitados de los precios en sectores como la alimentación o la electricidad, por poner algunos ejemplos.

Esta situación de dificultades se agrava cuando en una familia alguno de sus miembros tiene algún tipo de discapacidad que le obliga, por ejemplo y entre otras cosas, a tener una silla de ruedas.

La legislación fiscal actual regula que las sillas de ruedas, para uso exclusivo para personas con discapacidad, tienen un IVA reducido del 4% y, por ejemplo, los accesorios, recambios y piezas de repuesto de estas sillas tributan al 21%.

Algunos de estos productos son portabastones, cestillos, reposacabezas, baterías, joysticks, ruedas..., y también en el caso de ser necesario el alquiler de una silla de ruedas, tributaría al IVA general del 21%.

Esto, observado tanto por la Asociación Nacional de Personas con Discapacidad, “COTA CERO”, como por la Asociación Española de Consumidores, representa un claro perjuicio económico para personas que necesitan todo tipo de apoyo económico para el desempeño de sus vidas. Por ello, solicitan que en los próximos paquetes de medidas económicas que se revisarían en el mes de septiembre se incluya el IVA a tipo cero para estos productos con el fin de compensar el sobre coste que sufren en sus vidas las personas con discapacidad.

Miguel A. Ruiz, presidente de la Asociación Española de Consumidores considera que “Es necesario prestar todo el apoyo social pero también económico para estas personas que son consumidores y que en su mayoría presentan un mayor grado de vulnerabilidad en el ámbito del Consumo. Por ello pedimos cierta justicia fiscal en artículos que no son lujos, ni caprichos, sino herramientas necesarias en sus vidas”.

Por su parte Javier García, presidente de “COTA CERO” señala que “Es de Justicia Social contribuir, en positivo, a mejorar las condiciones de vida de las personas con discapacidad y paliar, en lo posible, el sobre coste que esta implica en los propios afectados y en sus familias”.