Los resultados de las elecciones autonómicas
en Cataluña ofrecieron dos conclusiones incontrovertibles: el soberanismo perdió
su posición dominante y los partidos de
la izquierda “racional” (PSC, Esquerra y Comuns) podían conformar una mayoría
suficiente para gobernar. Ante una situación como ésta, el partido que dirige
Marta Rovira tenía dos opciones: apoyar la investidura de Salvador Illa (PSC) o
abocar a los catalanes a una nueva cita con las urnas. La primera reacción de
Pere Aragonés –y del mismo Oriol Junqueras, no así de Gabriel Rufián- fue
desvincular a su partido de cualquier tipo de apoyo al candidato socialista.
Pero la vuelta del exili de la secretaria general, gracias a la amnistía,
propició un replanteamiento de la situación. El resultado electoral de Esquerra
había sido malo (pasó de 33 diputados a 20), pero una repetición electoral
podría tener unas consecuencias aún más nefastas. Por esa razón Marta Rovira
“mandó parar” e iniciar contactos con el candidato socialista.
El artículo de Emilio Ruiz, en la edición de papel de 'La Voz de Almería' |
Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) ha
sido tradicionalmente un partido de corte cercano al asambleísmo, un partido
que consulta a sus bases cualquier decisión importante. Por eso, su historia
está plagada de movimientos traumáticos. ¿En un posible pacto con el PSC, qué
cuestiones de interés podrían presentar a sus bases para merecer su aprobación?
Una de ellas era el referéndum de autodeterminación. Desechada esta posibilidad, quedaba otro deseo
histórico: un sistema de financiación similar al concierto vasco. Es lo que
parece –y digo bien, parece- que han conseguido.
El Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC)
y el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) son dos partidos asociados, pero
independientes. Pero estaba claro desde el primer momento que cualquier acuerdo
PSC-ERC solo sería viable si contaba con las bendiciones del PSOE. Y así ha
sido. El 30 de julio, la Ejecutiva Federal
del PSOE ha respaldado “plenamente” el preacuerdo entre el PSC y ERC para
investir a Salvador Illa, que prevé un sistema de financiación “singular” para
Cataluña, y se ha comprometido a hacerlo efectivo. Los afiliados
independentistas, por su parte, también han respaldado el preacuerdo con el
53,5 % de los votos.
Posiblemente
Salvador Illa será elegido presidente de la Generalitat en los próximos días. A
partir de ese momento empezará a correr el tiempo para ver materializado el
acuerdo de financiación “singular”. El preacuerdo estipula que la declaración
de la renta de 2026, correspondiente a 2025, ya será gestionada por la
Generalitat. Para llegar a ese momento habrá que afrontar un incierto recorrido
parlamentario que pondrá patas arriba todo el sistema de financiación
autonómica, incluida la modificación de la Ley Orgánica de Financiación de las
Comunidades Autónomas (LOFCA), inalterable desde hace varios años por falta de
acuerdo entre los partidos mayoritarios.
Mi impresión personal es que esta negociación a tres bandas (ERC, PSC, PSOE) ha sido un monumental paripé. A los independentistas no les interesaba una repetición electoral y, para evitarla, tenían que ofrecer a sus bases algún acuerdo atractivo que les condujera a un voto afirmativo. Aún así, prácticamente la mitad de la militancia ha desconfiado del acuerdo, simplemente porque no se cree que lo reflejado en un papel va a convertirse algún día en realidad. Por lo que respecta al PSOE, la situación es análoga. Es el propio Partido Socialista el que está convencido de que el caso del País Vasco no es extensible a ninguna otra comunidad autónoma, y menos a Cataluña, que supone el 20 % del PIB español. Para una decisión así, además de falta de convicción, al PSOE le falta apoyo parlamentario, incluido el de sus propios diputados, muchos de los cuales no se sumarían a un proceso que rompe por completo con la solidaridad interterritorial.
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