La llamada Operación Deluxe llega a su término.
Después de siete años de investigación se puede decir que el caso se ha dotado
de mucho ruido y pocas nueces. La Audiencia Provincial de Madrid ya ha resuelto
todos los recursos de apelación presentados, por lo que el juez instructor, el magistrado Marcelino Sexmero, ha
dado por finalizada la instrucción de las diligencias previas. El
próximo mes de septiembre se presentarán el escrito de calificación de la
Fiscalía y de las acusaciones particulares, por lo que a finales de año estará
listo el auto de transformación en
juicio oral.
Como se sabe, bajo el
nombre de Operación Deluxe, o de Operación Luna, se realiza una investigación policial contra el programa Sálvame por un posible
delito de cohecho y una supuesta revelación de secretos, al filtrarse datos
policiales confidenciales procedentes de los archivos del Cuerpo Nacional de Policía. Entre los nombres de famosos que se han personado
como acusación particular -y que ha hecho públicos El Confidencial Digital- figuran la bailarina María Edite Santos (madre de Javier Santos, quien se declara hijo de
Julio Iglesias), la periodista Mariló Montero, el ex alcalde de Marbella Julián
Muñoz, Isabel Pantoja, Kiko
Rivera, Coto Matamoros, María Teresa Zaldívar, Omar Montes, Helena Di Stéfano (hija de Alfredo Di
Stéfano), José Fernando Ortega, Irene
Rosales, Aiza Nizar, El Maestro
Joao’, Andrés Fernández (marido de Rosario Mohedano), la peluquera Lorena Morlote, Fausto Cabrera (ex
novio de Isa Pi), Luis Miguel Rodríguez El
Chatarrero, el paparazzi Jordi
Martín, el cantante Francisco, la bailadora Cecilia Gómez, Mayte
Galdeano, María José Galera… y así hasta 140 personas.
El caso comenzó a investigarse en el año 2017, pero los avances más significativos se produjeron entre 2022 y 2023. La investigación no ha aportado grandes descubrimientos, más allá del hecho de que un policía nacional, Ángel Fernández Hita -hoy, jubilado-, y otros dos agentes proporcionaban datos extraídos de los propios archivos policiales al paparazzi Gustavo González y que éste exponía en programas producidos por La Fábrica de la Tele, como Sálvame. No se han encontrado indicios de que este “servicio” de los policías en favor del paparazzi se realizara a cambio de alguna compensación económica, sino que se realizaba por simple amistad. No hay, pues, soborno ni tampoco un delito de cohecho.
En las últimas notificaciones judiciales ya no aparecen los nombres de Óscar Cornejo y Adrián Madrid, máximos responsables de la productora La Fábrica de La Tele, ni tampoco los de los directores del programa David Valldeperas y Alberto Díaz, así como una decena de redactores que en principio estaban imputados. Al final, el caso quedará reducido a la negligente praxis profesional del policía o de los policías, pues ni siquiera Gustavo González puede ser acusado de haber cometido delito alguno.
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