Cuando el pasado mes de julio se firmó el pacto
PSC-ERC para investir a Salvador Illa como presidente de la Generalitat me
apresuré a afirmar, en estas mismas páginas, que estábamos ante un paripé. Dos
meses han pasado desde entonces y nada parece indicar que deba cambiar mi
opinión. Tanto un partido como otro tenían necesidad urgente, por razones
distintas, obviamente, de llegar a un acuerdo y el documento que los
catalanistas tenían que presentar a sus bases, para obtener su conformidad,
debía redactarse con el suficiente atractivo como para motivar una decisión afirmativa.
Lo contrario hubiera supuesto una repetición de las elecciones con un desastre
más que probable para el partido de Marta Rovira. Tengo la impresión de que si
las condiciones de los nacionalistas hubieran llegado al punto de exigir algún
párrafo relacionado con un referéndum –o un sucedáneo de referéndum- de
autodeterminación, también se habría incluido. Lamentablemente, el quehacer
político actual ha llegado a unos límites en los que se relativiza de forma descarada
el valor de lo acordado. Un ejemplo de esto lo tenemos estos días: para aprobar
el techo de gasto y los Presupuestos Junts exige al PSOE que cumpla con los
acuerdos firmados para investir a Francina Armengol, entre ellos la
transferencia a Cataluña de las competencias integrales de inmigración, algo que
es imposible de satisfacer. No es un
paripé toda la integridad del documento suscrito entre el PSC y ERC. No hay
objeción alguna a programar un Plan de Vivienda Social, a bajar el tramo
autonómico del IRPF, a subir el Impuesto del Juego o a proteger el catalán. Son
competencias autonómicas y hay libertad de establecer las políticas que más
convengan. El paripé radica en el punto central: el que establece que la Generalitat
recaudará y gestionará en Cataluña todos los impuestos estatales y,
posteriormente, de esa tarta, nos devolverá al resto de los españoles dos
porciones, una para sufragar los servicios prestados en Cataluña por el
Gobierno central, y otra, de solidaridad. En ningún lugar del documento se
especifica cómo se calcularán esos cupos. Salvador Illa ya ha asegurado este
fin de semana en la Fiesta de la Rosa del PSC que él, o su partido, “garantizan
la solidaridad de Cataluña”, como si esa garantía no fuera una obligación
ineludible e indelegable del Gobierno central.
“Salvador Illa ha asegurado que él y su partido “garantizan la solidaridad de Cataluña”, como si esa garantía no fuera una obligación ineludible e indelegable del Gobierno central”
Desde las regiones periféricas, como es el caso
de Andalucía, y más aún, desde las provincias periféricas de la periferia, como
es el caso de Almería, tenemos la impresión de que siempre hay alguien por ahí
dispuesto a robarnos la cartera. El régimen foral del País Vasco y Navarra fue
para el resto de comunidades algo parecido al timo de la estampita, dicho sea
de forma vulgar, por más que aparezca en nuestro texto constitucional. Fue el peaje
que hubo que pagar por un cese de la violencia que después trajo más de 700
muertos, muchos de ellos andaluces. Afortunadamente,
el País Vasco y Navarra solo suponen el 7 % del PIB español. Podríamos decir
que hasta aceptamos de buen grado esa injusta gracia, pero añadir a ese
porcentaje otro 20 %, que es lo que supone el PIB catalán, sería situar a la
mayoría del resto de comunidades autónomas en una pauperización de su Estado de
bienestar y un incierto futuro para su desarrollo.
“La materialización del acuerdo sería situar a la mayoría del resto de comunidades autónomas en una pauperización de su Estado de bienestar y un incierto futuro para su desarrollo”
Como digo, yo creo que el acuerdo PSC-PSOE, en el aspecto que nos ocupa, va a quedar en papel mojado. Pero, por si acaso, conviene recordar que Andalucía tiene 8,5 millones de habitantes y más de 60 diputados en el Congreso. Y que PP y PSOE suman más de tres millones de votos en nuestra tierra. A veces da la impresión de que no somos conscientes de nuestra capacidad de influencia, tal vez porque nunca hemos querido ejercerla. Algún momento teníamos que hacerlo. Juanma Moreno y Juan Espadas han coincidido en que nunca aceptarán una reforma, la que sea, del sistema de financiación autonómica que suponga tratar a Andalucía de peor manera que a cualquier otro territorio de España. Pues blanco y en botella. ¿Podemos dormir tranquilos? Podemos.
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