La futura tasa de basuras, obligatoria en toda España tras una
transposición del Gobierno de Pedro Sánchez, deberá ser puesta en marcha antes
del próximo mes de abril de 2025 en todos los ayuntamientos, sea cual sea su
tamaño, tal como ordena la Ley 7/2022 de 8 de abril de residuos y suelos
contaminados para una economía circular. El nuevo tributo, que es fruto del
desarrollo de una directiva de la Unión Europea, se destinará a sufragar los
gastos derivados de la gestión de residuos, pero en el Ayuntamiento de Almería
estimamos que su aplicación plantea numerosas incertidumbres. La preocupación y
las dudas que compartimos en estos momentos todos los ayuntamientos no tiene
matices ideológicos o políticos, y todos los consistorios de todas las ciudades
españolas estamos trabajando de manera conjunta para ver el modo en que se
puede cumplir la normativa que nos plantea el Gobierno de modo unitario sin
alterar las economías familiares de los ciudadanos. Un objetivo difícil, tal
como ya ha señalado la Asociación Nacional de Inspectores de Hacienda Pública
Local, que ha dicho que este inesperado tasazo será uno de los principales
problemas que habremos de enfrentar los ayuntamientos españoles a corto plazo.
En el Ayuntamiento de Almería nuestra prioridad es siempre el
cumplimiento de la ley, y por eso estamos en contacto con la Federación
Española de Municipios y Provincias y con la Federación Andaluza de Municipios
y Provincias para estudiar cómo poder resolver este auténtico tasazo que nos ha
sido impuesto por el Gobierno socialista sin hacer recaer su coste en los
ciudadanos. En estos momentos, todos los ayuntamientos españoles hemos de
afrontar una situación compleja que es consecuencia directa de una
transposición que ha hecho el gobierno de Pedro Sánchez de una normativa
europea, y todos necesitamos saber cómo poder hacerlo. Pero la normativa incluye
aspectos de obligado cumplimiento que apenas dejan margen de maniobra a los
ayuntamientos, ya que por ejemplo nos exigen que la recogida de basuras no sea
deficitaria y nos exigen además que se lo cobremos a los ciudadanos.
Parece imprescindible que el gobierno de Sánchez ponga orden en
esta situación para evitar que la aplicación de su tasazo derive en una
multitud de ordenanzas diferentes que, a su vez, propicien multitud de recursos
y resoluciones jurídicas diferentes. Creo que es muy injusto y que no podemos
permitir que el Gobierno socialista utilice a los ayuntamientos como meros
recaudadores, cargando a los vecinos con un tasazo que ignora las necesidades y
la realidad de nuestro municipio y que, además, impone un modelo de
financiación único que obliga a repercutir los costes directamente en la
economía de las familias, quienes ya enfrentan una subida de precios en servicios
esenciales derivada del aumento de todos los costes reales en todos los
ámbitos.
La medida de Sánchez es un ataque directo a la capacidad de los municipios para gestionar sus recursos y una muestra más de la desconexión del Gobierno socialista con la realidad cotidiana de Almería. En todo caso, lo que queremos dejar claro es que esta iniciativa no parte del equipo de gobierno del Ayuntamiento de Almería y que serán otros los que tengan que dar explicaciones. Mientras tanto, seguiremos trabajando para poder articular una respuesta común y ordenada a través de las federaciones de municipios.
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