En 2008, los años de vino y rosas de la
industria fotovoltaica, en torno a 600 familias almerienses invirtieron en ese
incipiente negocio que prometía pingües rentabilidades. La operación era
sencilla: uno iba al banco y pedía un préstamo cercano a los 100.000 euros e invertía
en un campo solar discreto, de unos 100 KW, junto a otros partícipes, amparados
en la promesa del Gobierno de la tarifa regulada, una especie de vellocino de
oro por el que los inversores se aseguran una amortización en 10 años y unas
rentabilidades por encima del mercado durante 25.
Después llegó la realidad que todo lo cambió;
cambió el Gobierno y se amplió a 30 años el periodo de retorno y después el
Gobierno de Aznar modificó la tarifa regulada por una rentabilidad fija del 7%.
Los bancos no tragaron con estos cambios y empezaron a embargar propiedades y
los terrenos de las instalaciones ante los problemas de los inversores para
devolver los préstamos. Esto provocó que a partir de 2010 más de un centenar de
inversores almerienses, junto a otros tantos de las demás provincias españolas,
emprendieran una batalla legal que terminó en el Supremo dándole la razón al
Gobierno. Sin embargo, 52 fondos de inversión internacionales que aportaron
dinero en esos campos solares han obtenido un laudo favorable, al menos la
mitad de ellos, de los tribunales internacionales, lo que supondrá para el
Estado español, según los propios inversores damnificados, 2.000 millones de
euros.
Ayer se reunieron en Almería, en las oficinas de
La Celulosa, medio centenar de perjudicados almerienses de Anpier (Asociación
Nacional de Productores Fotovoltaicos) con el objetivo de poder llegar a un
acuerdo con el Gobierno de devolución de cantidades, al igual que están consiguiendo
los fondos de in[1]versión.
“Se trata de tener voluntad política para que todas estas familias no se queden
en la estacada”, explicó ayer Miguel Carra, delegado en Andalucía de Anpier que
cuenta en Almería con el mayor número de inversores damnificados.
En la jornada, conocida como Camino del Sol, que
va recorriendo Andalucía, se destacó “la situación singular de injusticia que
sufren las 65.000 familias pioneras de la producción fotovoltaica en España, de
ellas 12.000 familias andaluzas, que no serán compensadas, salvo una decisión
de carácter político, por los drásticos recortes retroactivos que soportan;
mientras que cada semana se conoce un nuevo laudo favorable a algún demandante
internacional. Situación que provoca un agravio comparativo sin precedentes”.
Hace 15 años, el Estado español se lanzó a
promover la instalación de fuentes de generación renovable, con la intención de
combatir la emergencia climática e iniciar una transición energética hacia un
modelo eléctrico y renovable, en el que nuestro país contaba con importantes
ventajas competitivas -por su territorio, su sol y su viento- y evitaba la
enorme dependencia energética del exterior, que lastraba nuestra balanza
comercial. Esa decisión de Estado tenía como objetivo primordial madurar las
tecnologías renovables y poner en marcha un tejido industrial tecnológico
innovador. El resultado ha sido el esperado: España es líder en penetración de
generación renovable, su industria solar y eólica son referencia internacional,
se ha dado un paso decisivo en la transición ecológica y el precio que han de
pagar familias y empresas por la energía en España ha caído a cotas
impensables, gracias a la nueva producción de energías limpias, incluso son
muchos los días del año que registran horas a precios cero o negativos.
El proceso de desarrollo de renovables se impulsó en el año 2007; pero, tan solo dos años después de que se pusieran en marcha dichas instalaciones, se inició un proceso de desprestigio contra ellas que tuvo como esperado colofón un carrusel de recortes retroactivos que ha supuesto recortes de hasta el 50% de los ingresos esperados. En aquellos años se señalaba que las renovables eran muy caras, y un lastre para el sistema eléctrico y el consumidor.
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