A un ciudadano de Almería la justicia le ha anulado dos multas por no llevar mascarilla. La razón por la cual la magistrada-juez del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo N.º 2 de Almería ha anulado dichas multas es que este ciudadano disponía de un certificado médico, emitido con todas las garantías, y cuya autenticidad y validez ha sido corroborada en dos sentencias judiciales distintas. Dicho certificado médico le eximía de la obligación de utilizar mascarilla.
No obstante, dicho certificado no fue obstáculo para que agentes de la policía nacional del El Ejido y de la policía local de Roquetas de Mar impusieran sendas multas a dicho ciudadano, ignorando deliberadamente el certificado médico que les mostraba. En la misma línea, la Junta de Andalucía, durante la instrucción de los dos expedientes sancionadores, ignoró igualmente la existencia de dicho certificado, negándole validez y vulnerando el derecho de defensa del sancionado, al no abrir ni tan siquiera el período de prueba.
Curiosamente, el consejero de Salud y Familias, Jesús Aguirre, titular del departamento que impuso las dos sanciones a este almeriense, fue cazado por la prensa paseando sin mascarilla por las calles de Sevilla, cuando era obligado usarla.
Asimismo, en estos días, se ha hecho público un informe de la UCO, la Policía Judicial de la Guardia Civil, en el que se detalla como Aldama se valió de Koldo para conseguir certificados expedidos por el Ministerio de Ábalos, con el fin de que su círculo más cercano pudiera circular libremente evadiendo las limitaciones impuestas a causa del estado de emergencia sanitaria. Estos escritos eran expedidos por la secretaria del ministro Ábalos, a la que Koldo le remitía los datos de cada una de estas personas, a las que le eran expedidos permisos de movilidad para todo el territorio nacional.
Por otro lado, gracias a la Asociación Liberum, también hemos podido saber que el Ministerio de Sanidad impuso el uso de la mascarilla sin aval técnico, tratándose de una decisión estrictamente política. (4) Aunque tal vez sería más acertado hablar de decisión económica, pues para poder obtener suculentas mordidas y comisiones, era requisito imprescindible elevar la facturación todo lo posible, lo que requería de un uso universal y generalizado de la mascarilla, sin excepciones; ni siquiera de carácter médico, como le ocurrió al ciudadano almeriense de nuestra historia, vulnerando su derecho a la salud.
Es por ello que, llegados a este punto, es legítimo preguntarse si ese arbitrario furor sancionador de los cuerpos y fuerzas de seguridad, refrendado en expedientes instruidos vulnerando igualmente la legalidad, podría ser fruto de directrices recibidas desde las más altas esferas, con la finalidad de que las distintas tramas de corrupción y delincuencia económica en torno a las mascarillas pudieran beneficiarse del uso masivo e indiscriminado de las mismas.
También es legítimo preguntarse si la trama de corrupción en torno a las mascarillas, sumado al incremento en la recaudación por el pago de multas, pudiera explicar por qué España fue siempre el último país de Europa en eliminar el uso obligatorio de la mascarilla en los diferentes ámbitos de la vida pública.
Y podría ser también la explicación a los intentos que se vienen dando cada invierno, para obligar nuevamente al uso de la mascarilla, limitada a determinados entornos. En el invierno de 2023, la retiraron tras ser requerido el Ministerio de Sanidad por la justicia, a instancia de la Asociación Liberum, para que explicaran las razones que justificaban dicha medida.
En el presento ejercicio, ya están amenazando nuevamente con imponerla, en un nuevo episodio donde, posiblemente, la protección de la salud sea la excusa para lograr otros fines más espurios.
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