Se cumplen 18
años desde que se aprobó la Ley de la Dependencia, impulsada por el Gobierno
socialista de Zapatero, que supuso el mayor avance social de nuestra historia
reciente. Reconocer el derecho a una serie de prestaciones a las personas en
situación de dependencia, no sólo significa dignificar y hacer más fácil su día
a día, sino también hacer aflorar una serie de empleos en torno al tercer
sector nada despreciables para nuestra economía.
Sin embargo, la
aplicación de la Ley ha vivido una carrera de obstáculos. El primero, Mariano
Rajoy, quien arrancó su campaña electoral anunciando su derogación en cuanto
llegara a la Moncloa. Cierto es que no lo hizo. Habría sido escandaloso. Pero
hizo algo mejor: colocar a su amigo Moreno Bonilla, hoy presidente de la Junta
de Andalucía, al frente de este asunto, lo que, efectivamente tuvo
consecuencias calamitosas, ejerciendo un freno en la sombra a su aplicación.
Los andaluces,
por tanto, hemos tenido bola extra porque, con la llegada del PP a la Junta de
Andalucía, los avances en su aplicación se han visto frenados, con retorcidos
procedimientos burocráticos, cuantías ridículas en las prestaciones y servicios
insuficientes. Si el tiempo medio de tramitación de un expediente en España es
de 330 días, en Andalucía estamos a la cabeza con 618 días de espera. No hay
comunidad donde se tarde tanto en tramitar una petición. De ahí que ocupemos
también los puestos de salida en el ranking de personas que han fallecido
mientras estaban en lista de espera: 83.254 hombres y mujeres con nombres y
apellidos.
"Quien
pueda que haga", como ya dijo otro ex presidente del Gobierno. Y aquí en
Almería también el Ayuntamiento hace lo que puede, retrasando la tramitación de
informes, mientras presume de aprobar "el presupuesto más social de la
historia de la ciudad". Los palos en la rueda también se ponen dejando sin
personal el área de Asuntos Sociales y culpando luego a los empleados públicos
de no hacer bien su trabajo, como hizo el concejal del ramo, en respuesta a la
súplica de un vecina en el pasado pleno, mientras los mandatarios populares
intercambiaban bromas.
Es evidente que aún queda mucho por hacer, pero lo más importante es garantizar que las instituciones públicas estén dirigidas por personas que de verdad entiendan los problemas de la gente y actúen para solucionarlos.
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