En estos días en los que celebramos que hace 46 años la sociedad española decidió ratificar en referéndum la Constitución, llama poderosamente la atención cómo se olvida de ella la derecha cuando se trata de garantizar los derechos que en ella se plasmaron con un amplio consenso. El deterioro del Estado social que está llevando a cabo el Partido Popular allá donde gobierna es el paradigma de todo lo contrario a lo que aspiró nuestra Carta Magna, que no fue otra cosa que la de impedir que la desigualdad siguiera cundiendo en aquella España del 78 y que tampoco tuvieran que sufrirla las siguientes generaciones.
Esta Andalucía de 2024 sigue retrocediendo, año tras año, en igualdad a pasos agigantados desde que el PP llegó al poder. No hay nada más desigual que el Gobierno que preside Moreno Bonilla esté cavando una zanja cada día más profunda en la que a un lado están los andaluces de primera y al otro los de segunda. Esa voluntad se observa no solo con las palabras, sino con algo más contrastable como es el BOJA, donde se publica la ley de presupuestos. Los andaluces y las andaluzas volveremos a sufrir este próximo año unas cuentas que siguen comprometiendo la educación de nuestros hijos e hijas, fomentando las universidades privadas y privando a las públicas de la financiación necesaria.
Tampoco cumplen esos presupuestos con las promesas seis años repetidas de construir los colegios y los institutos que hacen falta para evitar el hacinamiento de los alumnos que se da en nuestra provincia. Por lo tanto, en 2025 para unos habrá una educación de mayor calidad y para otros no, incumpliendo uno de los preceptos consagrados en la Constitución. El abandono de las políticas que mejoren y refuercen la sanidad pública es otro de los elementos que más desigualdad y dolor generan, pero ahí tampoco se puede esperar nada más del Partido Popular.
Un gobierno, como el andaluz, que ha dejado que la gente haga colas de madrugada para conseguir una cita, que ha desviado centenares de millones a las clínicas privadas o que desmantela un hospital como el de Poniente, no parece que esté muy interesado en tener a mano ni siquiera la versión de bolsillo de los derechos que nos dimos. La asunción de sus principios es una tarea que tenemos que defender cada día y en la que hay que trabajar para seguir ampliando derechos que son muy necesarios, como es el caso de la financiación adecuada del sistema público de pensiones para preservar su sostenibilidad social y económica. La Constitución, en definitiva, debe seguir siendo esa hoja de ruta de una gran mayoría social que nos permita fortalecer nuestra democracia frente a los que han terminado por frenarla y pervertir su espíritu.
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